Neuquén.- “Se ha mejorado mucho, pero aún existen hechos como la relación de mujer, jefa de hogar y pobreza, que sólo se superará con políticas de Estado”, afirmó hoy la vicegobernadora Ana Pechen, a cargo del ejecutivo. Lo hizo al hablar en la III reunión de la Comisión Especial de Reforma y Actualización de la Ley N° 2212 de Prevención, Erradicación y Sanción de todo tipo de Violencia Familiar.

Participaron autoridades de los tres poderes del Estado provincial; la senadora Nancy Parrilli, diputados provinciales en ejercicio y electos. La actividad se realizó desde las 10 en la sala de comisiones de la Legislatura.

Habló en primer término el diputado Carlos González, vicepresidente 1° de la Cámara a cargo de la Legislatura, quien dio la bienvenida. En tanto, la diputada Graciela Castañón, presidenta de la Comisión, resaltó la amplitud de sectores que participan en la construcción de la ley, con representantes de varios partidos políticos y de todos los poderes, además de organismos intermedios. Posteriormente informó los avances obtenidos en el proceso de reforma y mecanismos diseñados para dar efectiva tutela a la ley nacional de protección contra las mujeres -26.485-.

La primera expositora, Laura Balart, responsable de la Oficina de la Mujer dependiente de la Corte Suprema de la Nación, relató las circunstancias que dió origen a la Oficina de la Mujer, una vez aprobada la ley 26.485, en el 2009. Dijo que ante la necesidad de insertar la perspectiva de género en la Justicia, se trazó un mapa federal de la justicia y se trabajó en la capacitación en todos los niveles. El diagnóstico reflejó que si bien existían más mujeres que varones en este poder, en los cargos más altos el número se reducía considerablemente. Comentó que en la provincia de Neuquén el Poder Judicial cuenta con un 66% de mujeres, pero sólo el 17% es Camarista y el 20% llega al Consejos de la Magistratura. Expresó la necesidad para que las provincias adhieran a dicha ley, y destacó el trabajo realizado por la comisión de reforma. “Es evidente que aquí se ha trabajado seria y profundamente, articulando con todos los organismos e instituciones,” acotó.

En su intervención, Perla Prigoshin, directora de la comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y redactora de la Ley nacional 26.485, expresó que ella misma sufrió violencia de género, y que fue esa experiencia la que hoy la impulsa a trabajar sobre el tema. Advirtió que se trata de una problemática muy compleja y si bien “la ley no es suficiente, sin ella no se puede.”

Al concluir reconoció el trabajo de la comisión, aunque afirmó que Neuquén debe adherir a la ley nacional, e incorporar el trabajo realizado en la comisión en otra ley. “No debe verse como una oposición entre ley provincial y nacional, la adhesión puede ir acompañada de una ley provincial superadora”, señaló la especialista. De igual manera se pronunció la senadora Nancy Parrilli; “la victima de violencia necesita un Estado protector,” expresó.

La diputada Paula Sánchez opinó que se debe dar importancia a la asignación de recursos para poder efectivizar la ley. Agregó que “si bien el debate por la adhesión a la ley nacional no se puede limitar a un problema presupuestario, es necesario contar con recursos que reflejen que este tema es una preocupación del Estado.”

Finalmente, Castañón agradeció a las expositoras, y resaltó que se trabaja en una ley provincial que presente los puntos necesarios para adherir a la ley nacional, como son las autoridades de aplicación, la asignación de recursos, y un protocolo único de intervención. “La ley nacional de orden público debe ser el piso, desde la provincia tenemos la responsabilidad de superarla”, subrayó.

Estuvieron presentes los diputados de la comisión de Desarrollo Humano y Social, el ministro de Salud, Daniel Vincent, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Claudio Gastaminza, y Encarnación Lozano, subsecretaria de Gestión Social y Desarrollo Social, además de diputados electos y representantes del Poder judicial, de la Universidad Nacional del Comahue e instituciones intermedias.