Diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales cuestionaron los costos de  edificación de la obra de la ciudad judicial. Lo hicieron al iniciar el debate del pedido de autorización del Ejecutivo provincial para tomar un crédito de hasta 140 millones de pesos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para terminar la primera etapa de la obra.

Durante la reunión, hubo observaciones hacia irregularidades administrativas en las contrataciones y al posicionamiento del poder Judicial ante denuncias de sobrefacturaciones en  materiales de construcción. El presidente de la comisión, José Russo, deslizó que se convocará al funcionario “que haya que convocar” para que explique en detalle los costos de la edificación. En tanto, la oposición condicionó su apoyo a la incorporación de tres puntos: la reformulación de los costos de la obra y el plan de inversión; la definición concreta de las obras que plantea el proyecto de ley; y el pago del préstamo por parte del poder Judicial.

Por el MPN, Russo subrayó la responsabilidad del gobierno de no dejar a más de 200 trabajadores fuera del mercado laboral y mencionó que hay una denuncia penal en marcha por las sobrevaluaciones. A la vez, recordó que el “comitente” y “dueño” de la obra es el poder Judicial. Su par de bancada, Carlos González, cargó las tintas contra los funcionarios judiciales al advertir que podrían haber frenado la construcción en su carácter de administradores. “¿Se les pasó nueve meses esta estafa?”, apuntó González. En tanto, Silvia De Otaño, del mismo bloque, calificó a los sobreprecios presupuestados de groseros y burdos; y se preguntó por la responsabilidad del poder Judicial “cuando hay una estafa de este calibre”.

Marcelo Inaudi, de la Concertación, sostuvo que la ciudad judicial es un monumento a la corrupción y opinó que “semejante despilfarro de dinero es un desatino”. Lo hizo tras presentar una planilla que contrasta los costos de mercado de los materiales de construcción utilizados para la obra con los valores efectivamente contratados. Al respecto, advirtió  sobrefacturaciones de hasta un 1000% en algunos artículos y aludió a la diferencia de costos que presentan los mismos materiales en la obra de la ciudad judicial respecto de las que se están ejecutando en Chos Malal y Cutral Co. Su compañero de bloque, Ariel Kogan, consideró que la valuación de la obra está desfasada de la realidad. Por caso, precisó que el costo de contratación de los caños de PVC cuadriplica el valor de mercado y añadió que se pagaron 50 mil pesos por espejos biselados.

En representación de Alternativa, Hugo Goncalves, se pronunció a favor de terminar con la edificación pero con la condición de que el poder Judicial pague el préstamo. En igual sentido se posicionó Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, que además se refirió a la existencia de una “red de complicidad que viene de la anterior gestión”. Sobre el tema, afirmó que el proyecto está “mal parido desde sus inicios”.
Polo Informático de Zapala
Eduardo Rubio, autor del proyecto para declarar el Parque Industrial Zapala como “Polo Informático Provincial”, explicó ante los diputados la iniciativa que apunta a promover el desarrollo económico basado en el conocimiento y la información. En su exposición, propuso destinar un 0,5% del presupuesto provincial al polo informático y ampliar la participación de las ONG en el Ente Regulador del Polo Informático Provincial que funcionará como autoridad de aplicación. El proyecto seguirá en la agenda de debate de la comisión.

En otro orden, Russo informó que el Ejecutivo designó a Darío Moya, asesor general de gobierno, como representante de ese poder en la comisión interpoderes para la Reforma de los Códigos.

Despacho al Convenio Colectivo del poder Judicial

El Convenio Colectivo de Trabajo para empleados del poder Judicial obtuvo un despacho por mayoría y otro por minoría en la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales. De tal modo, podrá tener tratamiento en la próxima sesión. El despacho por mayoría no incluye el descuento salarial por días de paro, instancia que sí contempla el firmado en minoría. A la vez, ambos dictámenes difieren sobre las atribuciones que puede asumir el Tribunal Superior de Justicia al realizarse el control de legalidad de los acuerdos alcanzados entre las partes.

Al comienzo de la reunión, Marcelo Inaudi, de la Concertación, advirtió que la huelga no puede ser una actividad remunerada. Se pronunció a favor del descuento y argumentó que significa una verdadera inequidad hacia personas que continúan trabajando. Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, respondió que la huelga es la única herramienta que los trabajadores tienen para “hacerse escuchar” y Luis Sagaseta señaló que el descuento de días puede funcionar como factor de presión. A su turno, Hugo Goncalves, de Alternativa, pidió que no se tilde a los trabajadores de “huelguistas profesionales”.

También se debatió el proyecto que regula el ingresó a la Administración Pública, iniciativa que prevé la implementación de concursos para acceder a cargos en el Estado. Uno de los puntos que se discutió fue el artículo 6°, que deja sin efecto las contraprestaciones por subsidios y la contratación temporal de personal. Goncalves afirmó que existe una gran cantidad de personas subsidiadas que cumplen tareas de planta y podrían quedar desafectadas por la ley. El 30% de la población de Neuquén vive de subsidios”, indicó el diputado. En tanto, José Luis Saez, se mostró preocupado por los juicios contra el Estado por temas previsionales y solicitó incorporar un inciso que obligue a la administración provincial a capacitar en forma permanente a sus agentes.

Participaron de la reunión Miguel Lucero; Juan Gómez; Carlos Pacheco; Omar Lorenzo; Graciela Muñiz Saavedra; Darío Mattio; Rodolfo Canini; Luis Sagaseta; Marcelo Inaudi; Hugo Goncalves y José Luis Saez.